jueves, 28 de marzo de 2024
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Redacción

 El papel de las Entidades Locales en la descentralización en España

autonomias



Miguel Angoitia Grijalba.


Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).  Licenciado en Economía (1997) y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (2002) por la Universidad Autónoma de Madrid. Premio de Tesis Doctoral del Consejo Económico y Social. Miembro del Grupo de Investigación E-013 "Políticas Públicas y Bienestar Social" de la Universidad Autónoma de Madrid, galardonado con el XI Premio del Círculo de Empresarios de Investigación Económica por su trabajo "La prolongación de la actividad laboral: Un reto para la empresa española". Miembro del equipo ganador del Premio de Investigación del Consejo Económico y Social. Convocatoria 2007: "El impacto de la inmigración en el sistema público de protección social". 
 
 

El desarrollo del proceso descentralizador del Sector Público español, abierto con la aprobación de la Constitución de 1978, ha hecho de nuestro país uno de los más descentralizados del mundo. En 2011, según la Contabilidad Nacional, el 49,3 por 100 del gasto público consolidado estaba en manos de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. En el contexto de nuestros vecinos europeos, este porcentaje de gasto público subcentral sólo se supera en Dinamarca (68,9 por 100) y Suecia (51,8 por 100), países en los que parte de las competencias comúnmente asignadas a la Seguridad Social se contabilizan en el ámbito local.

Medida como porcentaje de gasto público, la descentralización en España se sitúa incluso por delante de los países federales de la Unión Europea: Alemania (38,2 por 100), Bélgica (37,9 por 100) y Austria (30,9 por 100); y los datos de la OCDE correspondientes a 2009 revelan que el grado de descentralización de la Administración Pública española figura por delante de Australia (37 por 100) y Estados Unidos (46,5 por 100), sólo por detrás de Canadá (65,7 por 100).

La descentralización en España ha tenido como grandes protagonistas a las Comunidades Autónomas, actualmente responsables del 36,1 por 100 del gasto público, además de una parte significativa del gasto computado en el subsector Seguridad Social, en especial en materia de educación y sanidad. Las Entidades Locales, en cambio, se han mantenido al margen del proceso descentralizador, limitadas a una porción del 13,2 por 100 del gasto público, dato que se mantiene estable durante las últimas dos décadas. Las cifras de la descentralización local se encuentran lejos de la media de la UE-27 (25,4 por 100), en las que España ocupa la posición 23, si bien en niveles parejos a los de Bélgica y Austria. En definitiva, España es un país fuertemente descentralizado pero este fenómeno no alcanza a la Administración Local.
Cabe plantearse, por lo tanto, cuál es la posición que están llamadas a desempeñar las Entidades Locales ¿Deberían jugar un papel más relevante en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas?
La descentralización conlleva ventajas
Desde el ámbito académico, la forma de abordar esta cuestión proviene de la Teoría del Federalismo Fiscal, rama de la Hacienda Pública que se ha encargado de identificar las ventajas e inconvenientes que supone la descentralización económica del Sector Público. La Teoría del Federalismo Fiscal demuestra que, para cualquier bien o servicio, la descentralización permitirá un incremento en el nivel de bienestar social, siempre y cuando no existan efectos externos interjurisdiccionales y economías de escala en la provisión que anulen las ventajas de la descentralización. Conocido como Teorema de la Descentralización o Teorema de Oates, este resultado se justifica por el mayor grado de ajuste que las distintas soluciones descentralizadas proporcionan a las diferencias en las preferencias de los individuos-votantes; en otros términos, si las preferencias de los individuos son distintas entre territorios, la pluralidad de las ofertas subcentrales atendería a la diversidad mejor que una única oferta centralizada. Lógicamente, cuanto más homogéneas sean las preferencias individuales dentro de una jurisdicción y más diferentes entre territorios, mayores son las ganancias que se asocian a la descentralización.
La movilidad de los individuos en los modelos de votos con los pies y el alcance espacial limitado de los bienes públicos locales refuerzan la descentralización económica como medida que permite aumentar la eficiencia en la provisión de bienes y servicios que hace el Sector Público.
En sentido contrario, el elevado grado de apertura de las economías subcentrales recomienda mantener a las haciendas territoriales fuera de las políticas fiscales estabilizadoras, debido al reducido multiplicador del gasto subcentral; y la movilidad de los agentes es un factor que actúa en contra de los intentos subcentrales de redistribución personal de la renta y de la riqueza, puesto que las reacciones de los individuos a las políticas redistributivas de los gobiernos territoriales tenderían a neutralizar estos esfuerzos redistributivos y, llevadas a un caso teórico extremo, generaría situaciones de máxima igualdad intraterritorial pero máxima desigualdad interterritorial difícilmente justificables en un mismo país.
En suma, con base en el principio de eficiencia, la descentralización económica del Sector Público puede ser deseable; pero no sucede lo mismo si atendemos a criterios de equidad y a los objetivos de la política fiscal.

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