Ha tenido que morirse Angelines Villacampa Villacampa de Casa Mallau y coincidir el hecho con la publicación en nuestro diario del quién, que, cuando, como, donde y por qué de nuestros municipios, para que sintiera la imperiosa necesidad de escribir unas modestas líneas sobre un hecho que apasionó a "la heroína de Susin" y que tiene en la actualidad un tenebroso titular: En España agonizan unos 2.600 pueblos abandonados.

 

 

 

 

 

 

En Francia hay 36.562 communes (comunas), que es nombre que se da a los municipios. Muchas más que en cualquier otro país europeo. Y, además, gozan de mucha raigambre y prestigio. 

 

 

El 16 de diciembre de 2011, seis días antes de que Alberto Ruiz-Gallardón renunciara a la alcaldía de Madrid para asumir el cargo como ministro de Justicia, el Banco de España hacía pública la información de la deuda de los ayuntamientos españoles. En la información difundida por este organismo, el consistorio madrileño se llevaba todas las medallas con una deuda astronómica de 6.891 millones de euros. Ruiz-Gallardón, que había asumido la alcaldía en 2003 con una deuda de 1.440 millones, en tan sólo ocho años de gobierno había quintuplicado esta cantidad.

 

 

 

Aprovechándose de la especial sensibilidad de la población respecto a los ingresos, la derecha instrumentaliza sin ningún pudor lo que nos cuestan estos y aquéllos o lo que ganan los de más allá. Sindicatos, partidos políticos, autonomías..., están en su punto de mira. También los ayuntamientos. Pretenden con ello erosionar, desprestigiar a quienes podrían obstaculizar sus planes de apropiación, aplanar en fin el terreno institucional para campar a sus anchas. La "mediocracia", los medios masivos de comunicación, ostentan un papel relevante en este juego que, claro, oculta los escandalosos beneficios de la minoría dominante.

 

 

En bancarrota. Esa es la dramática situación en la que se encuentran la mayoría, por no decir la totalidad, de los 542 municipios que se extienden a lo largo del País Valenciano, la mitad de ellos de menos de mil habitantes y, por tanto, carne de cañón y víctimas propiciatorias de la reforma de la ley de bases de régimen local que prepara el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. Una reforma que amenaza con convertir los pequeños ayuntamientos en meras oficinas administrativas de las diputaciones y sin poder de decisión.

 

 

La reforma municipal ideada por el gobierno del PP pretende recortar en 7.500 millones de euros el presupuesto municipal, según Cristóbal Montoro. Prácticamente la misma deuda que acumuló su compañero de gabinete Alberto Ruiz Gallardón siendo alcalde de Madrid. La realidad es que en total -incluyendo las estratosféricas cifras madrileñas-, los ayuntamientos españoles apenas suman el 3,5% de la deuda estatal pública. ¿Por qué pues este arbitrario tijeretazo? ¿No responderá, acaso, a la intención de aplanar la institución hasta dejarla irreconocible? ¿No estarán con ello frotándose las manos quienes piensan en los municipios como nueva fuente de negocios privados?

 

 

 

 

 

L

 

En momentos de crisis, pocas cosas despiertan más inquietud que la falta de garantías en el cobro de las deudas. Si además el deudor es una Administración, esa inquietud trasciende. La Administración, tradicional "buen pagador", aunque tardío, y dinamizador obligado de la actividad económica en coyunturas adversas, no puede permitirse impagos que susciten inseguridad entre las empresas, ni entre los ciudadanos. Habilitar un procedimiento que dé solución a esos impagos ya se reveló útil en 2012 y se muestra perfectamente oportuno en 2013.

 

Miguel Angoitia Grijalba.

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).  Licenciado en Economía (1997) y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (2002) por la Universidad Autónoma de Madrid. Premio de Tesis Doctoral del Consejo Económico y Social. Miembro del Grupo de Investigación E-013 "Políticas Públicas y Bienestar Social" de la Universidad Autónoma de Madrid, galardonado con el XI Premio del Círculo de Empresarios de Investigación Económica por su trabajo "La prolongación de la actividad laboral: Un reto para la empresa española". Miembro del equipo ganador del Premio de Investigación del Consejo Económico y Social. Convocatoria 2007: "El impacto de la inmigración en el sistema público de protección social".